Por redacción
Río Bravo, Tamps. – El regidor de Río Bravo, Bernardo Gómez Jr., figura entre los cinco empresarios del Valle del Río Grande acusados formalmente en Estados Unidos por fraude electrónico, tras presuntamente beneficiarse de manera ilícita con programas de apoyo económico creados durante la pandemia de COVID-19.
De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Texas, la acusación formal fue presentada el pasado 5 de agosto contra Sandra Pope Solís, de 60 años, residente de Rancho Viejo; Lesley Chávez, de 42 años, de Edinburg; Rolando Santiago Benítez, de 51 años, de Harlingen; Bernardo Gómez Jr., de 46 años, de Edinburg; y Edgar De La Garza, de 45 años, de Brownsville.
Según la investigación, entre junio de 2020 y noviembre de 2021 los señalados habrían presentado solicitudes fraudulentas para obtener préstamos del Programa de Protección de Nómina (PPP) y de los Préstamos por Desastre Económico (EIDL), creados por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) para mitigar la pérdida de ingresos de pequeñas empresas.
El caso detalla que los acusados falsearon información sobre número de empleados y manipularon documentos fiscales y comerciales, desviando los fondos hacia gastos personales, inversiones privadas e incluso cuentas de criptomonedas.
Entre los señalamientos más relevantes, la acusación indica que Gómez utilizó parte de los 20 mil 800 dólares recibidos mediante un préstamo PPP para financiar una cuenta de criptomonedas, además de presentar formularios fraudulentos de condonación de deuda en 2021.
De ser declarados culpables, los cinco acusados enfrentarían severas sanciones económicas y penas de prisión por fraude electrónico y declaraciones falsas ante el gobierno federal.
